La rebaja de las pensiones

Este fin de semana se ha hecho público el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

Las conclusiones del mismo las esperables: o morimos antes o bajamos la pensiones.
Las reacciones también, las previsibles: desde la izquierda cuestionar a los autores del informe y sus intereses en las aseguradoras privadas; desde el nacionalismo vasco  reclamar un sistema vasco de pensiones; desde el PSOE aprovechar para arremeter contra Rajoy sin entrar al fondo del asunto y desde la derecha satisfacción hacia las conclusiones del informe, que al fin y al cabo para eso lo habían pedido.
Más allá de las justificadas críticas a los autores del informe por su interés en debilitar el sistema público de pensiones en beneficio del privado del que dependen gran parte de ellos, hay que subrayar que el mandato que recibieron estos 12 "expertos" limitaba mucho su margen de maniobra. 
Dice el informe en su introducción a la hora de explicar cuál ha sido la encomienda recibida:
El mandato es muy concreto: desarrollar un factor de sostenibilidad para el actual sistema de pensiones. 

Debe hacerse especial hincapié en dos palabras de dicho mandato. 

Sostenibilidad quiere decir que la aspiración de quien otorga el mandato es que el sistema de pensiones se sostenga por sí mismo. 

La segunda palabra relevante es actual. El sistema de pensiones públicas español es un sistema de reparto de prestación definida. 

Es decir, que el Gobierno pide un informe con dos premisas: el sistema tiene que seguir auto financiándose y esa financiación tiene que tener un equilibrio anual. 
Ante este panorama cabría pensar que existían dos opciones: o bajamos las prestaciones o aumentamos las cotizaciones, pero en realidad, ni empresarios ni sindicatos, (muy amigos todos ellos de los sistemas complementarios de pensiones) iban a estar por la labor de subir las prestaciones, así que con esas premisas sólo cabía una opción, calcular la fórmula para rebajar las pensiones, que es en realidad para lo que se convocó el grupo de expertos. 
Visto lo visto, podemos hacernos dos preguntas: ¿por qué los sindicatos han dado validez al planteamiento inicial del informe participando del grupo hasta el final? y dos ¿qué otras alternativas caben sin dar por buenas la muerte prematura de los y las pensionistas o su pérdida de poder adquisitivo?
No encuentro respuesta lógica a la primera pregunta (menos aún después de ver que el representante de CCOO ha dado por buenas la conclusiones) y las ilógicas que se me vienen a la cabeza son tan paranoicas que prefiero no hacerlas públicas.
Para la segunda pregunta sin embargo, sí tengo una propuesta: no dar por bueno el planteamiento inicial del gobierno y no considerar la auto financiación una premisa invariable del sistema público de pensiones.
Las pensiones públicas son un derecho como lo son la sanidad o la educación y que en su momento se optara por la vía de la auto financiación no impide que de cara a futuro no se pueda transitar hacia un sistema mixto (cotizaciones+impuestos y/o deuda)
Nadie habla del carácter deficitario del ejército o de determinadas infraestructuras, solo se busca un equilibrio entre gasto e ingreso en el sistema público de pensiones,es más,los gastos de gestión y personal,  (1577 millones de euros en 2013) también se pagan con cargo a los ingresos por las cotizaciones. 
Es decir, que funciona exactamente igual que una aseguradora privada, tanto ingresas tanto gastas, o peor, porque se exige que el equilibrio sea en base al ingreso anual no pudiendo acudir a vías extraordinarias de financiación caso de necesidad.
Asistimos por lo tanto a un debate viciado en su origen (por muy acordado que estuviese en los pactos de Toledo) y sean cuales sean los elementos correctores que se le puedan aplicar en los próximos meses, nos conduce irremediablemente a una merma en los ingresos de los y las pensionistas para mayor jolgorio de bancos y aseguradoras privadas de todo tipo.