Para que luego digan que la justicia es lenta http://economia.elpais.com/economia/2013/06/06/actualidad/1370509397_287661.html. Menos de 12 horas ha tardado la fiscalía en recurrir el ingreso en prisión de Miguel Blesa, quien ya eludió la estancia en la misma hace menos de 15 días mediante el depósito de la ridícula fianza impuesta.
Por lo visto, la fiscalía está muy enfadada con el juez Elpidio José Silva (el juez responsable de la orden de encarcelamiento) porque, presuntamente, no ha observado todos y cada uno de los preceptos legales que se debían haber seguido.
Tan enfadado está el ministerio fiscal que hasta está sopesando querellarse contra el juez.
Esta información podría tener lógica si estuviéramos hablando de la defensa de Blesa, al fin y al cabo los abogados están para intentar exprimir el ordenamiento jurídico en beneficio de los intereses de su defendido, ¿pero la fiscalía?
Según el art. 124 de la Constitución: El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Esto es, que está para defender el interés social y el interés público.
No voy a entrar a valorar la adecuación procedimental del ingreso en prisión de Miguel Blesa (entre otras cosas porque mis conocimientos de derecho penal están muy oxidados ya), pero a la vista está que la mejor manera de defender el interés social y público no es poner todos los recursos del ministerio fiscal a defender los intereses de un presunto criminal, que, insisto, para eso está la defensa; sino en garantizar que la quiebra de Caja Madrid (principal responsable del rescate bancario del estado español), no quede sin culpables.
Si las diferentes fiscalías tuvieran siempre el mismo modus operandi y mantuvieran este celo (o el que emplearon en evitar la imputación de Cristina de Borbón) en la defensa del procedimiento en todas sus actuaciones, no tendría nada que decir, pero que la misma semana que la fiscalía del TC pedía el mantenimiento de Otegi en la cárcel, se dediquen ahora a querellarse contra un juez por mandar a la cárcel a un presunto estafador, por muy amigo de Aznar que sea, me genera muchísima frustración y cabreo.
El Partido Popular, que es quien nombra al fiscal general del estado, o lo que es lo mismo, el jefe de todos los fiscales de España y que permanentemente habla de respetar las sentencias, en este caso, no tiene ningún empacho en utilizar todos sus recursos para mandar a la mierda el estado de derecho, la división de poderes o la propia democracia con tal de salvar a los suyos aunque con ello convierta a España en un estado de tercera o cuarta división democrática y al poder judicial en uno de quinta.
Sin embargo, no es el déficit democrático el que preocupa al PP o a Europa, sino el presupuestario, y así nos va.
Por lo visto, la fiscalía está muy enfadada con el juez Elpidio José Silva (el juez responsable de la orden de encarcelamiento) porque, presuntamente, no ha observado todos y cada uno de los preceptos legales que se debían haber seguido.
Tan enfadado está el ministerio fiscal que hasta está sopesando querellarse contra el juez.
Esta información podría tener lógica si estuviéramos hablando de la defensa de Blesa, al fin y al cabo los abogados están para intentar exprimir el ordenamiento jurídico en beneficio de los intereses de su defendido, ¿pero la fiscalía?
Según el art. 124 de la Constitución: El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Esto es, que está para defender el interés social y el interés público.
No voy a entrar a valorar la adecuación procedimental del ingreso en prisión de Miguel Blesa (entre otras cosas porque mis conocimientos de derecho penal están muy oxidados ya), pero a la vista está que la mejor manera de defender el interés social y público no es poner todos los recursos del ministerio fiscal a defender los intereses de un presunto criminal, que, insisto, para eso está la defensa; sino en garantizar que la quiebra de Caja Madrid (principal responsable del rescate bancario del estado español), no quede sin culpables.
Si las diferentes fiscalías tuvieran siempre el mismo modus operandi y mantuvieran este celo (o el que emplearon en evitar la imputación de Cristina de Borbón) en la defensa del procedimiento en todas sus actuaciones, no tendría nada que decir, pero que la misma semana que la fiscalía del TC pedía el mantenimiento de Otegi en la cárcel, se dediquen ahora a querellarse contra un juez por mandar a la cárcel a un presunto estafador, por muy amigo de Aznar que sea, me genera muchísima frustración y cabreo.
El Partido Popular, que es quien nombra al fiscal general del estado, o lo que es lo mismo, el jefe de todos los fiscales de España y que permanentemente habla de respetar las sentencias, en este caso, no tiene ningún empacho en utilizar todos sus recursos para mandar a la mierda el estado de derecho, la división de poderes o la propia democracia con tal de salvar a los suyos aunque con ello convierta a España en un estado de tercera o cuarta división democrática y al poder judicial en uno de quinta.
Sin embargo, no es el déficit democrático el que preocupa al PP o a Europa, sino el presupuestario, y así nos va.
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