Los electores tenían dos opciones: el sistema puerta a puerta y el llamado quinto contenedor, cada uno representado en una papeleta de un color diferente.
La opción del
quinto contenedor arrasó entre quienes participaron en la consulta que fueron
algo más de la mitad del censo.
Un varapalo sin
duda para los impulsores del sistema de recogida puerta a puerta, que en este
caso es el grupo municipal de Bildu y que no quiso participar del proceso de
consulta.
Algo similar
ocurrió también hace años en Boroa (Bizkaia), donde se instaló una central de
ciclo combinado en contra de la opinión mayoritaria de los habitantes de la
villa expresada también en una consulta en la que tampoco el equipo municipal
quiso participar.
Tanto en un caso
como en otro, la reacción de los responsables municipales ha sido la misma: la
pregunta era capciosa; el sistema de votación no respeta todas las
garantías; no todo es susceptible de consultarse; en las elecciones municipales
ya se sabía qué programa llevaba el grupo que ganó, y por ende, el Ayuntamiento va a
hacer lo que tenía previsto es decir, continuar con su programa.
Lo llamativo de
estas coincidencias es que los impulsores y detractores de sendas consultas
eran los mismos pero colocados en lugares distintos, PNV a favor de la central
y la izquierda abertzale a favor de la consulta en Boroa y en Legazpi el PNV a
favor de la consulta y la izquierda abertzale a favor del puerta a puerta.
Es decir, que por
mucho que unos y otros se deshagan en halagos en torno a la participación
ciudadana y las virtudes de las consultas, éstas solo se convocan si:
1.- Se sabe de antemano que se va a ganar
2.- Se está en la oposición.
Las consultas,
sobre todo en el ámbito municipal, donde son legales y por lo tanto se pueden
celebrar sin que ello altere el "orden constitucional" que tanto
preocupa a algunos, son una magnífica herramienta de participación ciudadana
siempre que no se utilicen como se utilizan por estos lares, es decir, para
reforzar la opinión de quien está en la oposición municipal y ve en una actuación
del equipo de gobierno, munición para el desgaste partidista.
Estas actitudes, en
el fondo, vienen a demostrar que nadie
se cree, de verdad, la participación ciudadana.
Comparto el
criterio de que no todo es susceptible de consulta, los derechos humanos y
sociales, la política fiscal o el mantenimiento de determinados elementos del
estado de bienestar, por ejemplo, en mi opinión no deben consultarse, pero precisamente porque entiendo que no todo
el consultable, creo que debería existir un acuerdo sobre lo que sí lo es y su
fórmula de materialización.
Si las normas se
establecen antes de que surja el conflicto y son aplicables a todos los
partidos independientemente de si se encuentran en el gobierno o la oposición,
la participación ciudadana dejaría de ser un eslogan electoral para
convertirse en una verdadera herramienta a la hora de tomar decisiones, puesto
que también creo que toda consulta debería ser vinculante.
No me invento
nada, esto ocurre ya en muchos lugares, aunque me temo que en el corto plazo no
lo veremos por aquí, porque como decía, si no nos creemos la participación
ciudadana, por mucho que a veces queramos valernos de ella, nunca asumiremos como
real, natural y legítima, la posibilidad de que quien nos ha votado no esté de
acuerdo con lo que estamos haciendo.
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